Este servicio público que brinda el estado es fundamental para la vida saludable, pacífica y en equilibrio de todos los ciudadanos del Perú y debe brindar soporte sólido a las inversiones, a la generación de empleo y a la seguridad ciudadana. Para este objeto reestructuraremos la organización de los dos organismos que conforman este poder del estado que son la judicatura y la fiscalía y la dotaremos de infraestructura en los 1,874 distritos del Perú.

Este poder del estado estará conformado por seis (06) organismos constitucionales autónomos, estos son:

• La Fiscalía
• La Judicatura
• Escuela de la Magistratura
• Consejo de la Magistratura
• Oficina de Control de la Justicia
• Tribunal Constitucional

La Fiscalía se encargará de perseguir el delito y resolver de acuerdo a ley todas las situaciones de conflicto que ocurran en la vida cotidiana de los ciudadanos, trabajando de la mano con la policía nacional. Defender la legalidad, los derechos ciudadanos, la familia y los intereses públicos; los conflictos que no le sea posible resolver, pasarán a juicio, en los cuales participará como parte interesada en la justicia. 

La Judicatura se encargará de juzgar y aplicar, o no, sanciones penales y civiles y/o restablecer el orden entre partes. Ambos organismos se complementarán y de su accionar sincronizado se aplicará la justicia.

Judicatura y Fiscalía contarán con tres niveles; el nivel más cercano a los ciudadanos es el nivel distrital, es decir los juzgados y fiscalías de distrito, de todas las especialidades relacionadas al quehacer de la vida cotidiana y asuntos de los ciudadanos, civil, penal, laboral, familiar, comercial, libre competencia, tráfico de drogas, defraudación tributaria, etc., en cada uno de los 1,874 distritos del Perú. 

Cuenta además con otros 04 organismos autónomos con la finalidad de formar, asignar, desasignar magistrados y sancionar sus inconductas, además de un organismo específico para restablecer el respeto a la constitución política, en los casos en que es transgredida por los magistrados mediante sus decisiones.

Todos los Organismos Autónomos que conforman el Poder de Justicia serán dirigidos por presidencias colegiadas, con la finalidad de evitar ineficiencia y manipulación de magistrados, jueces y fiscales, para torcer la justicia.

Sus funciones serán enfocadas únicamente a ejercer justicia, gestión de derecho y actividades y funciones inherentes a sus responsabilidades, por lo tanto, no realizarán actividades de administración, logística, finanzas ni recursos humanos.

Para la rehabilitación de ciudadanos con orden judicial de pena privativa de la libertad se construirán establecimientos penitenciarios en cantidad y dimensiones suficientes para evitar la tugurización y hacinamiento; los internos realizaran actividades productivas remuneradas, estas remuneraciones serán entregadas a familiares libres que ellos designen.

El Estado, únicamente, mediante el Poder de Justicia ofrece y garantiza la administración de justicia universal y gratuita, para todos sus ciudadanos a nivel nacional, organizada a nivel de distritos geográficos y de acuerdo a las diferentes especialidades derivadas de la vida social humana.

Justicia Integral y plena en los 24 departamentos del Perú, esta debe reorganizarse integralmente en los aspectos orgánico, normativo y de infraestructura, descentralizándose adecuadamente para cobertura de todo el territorio nacional, deberá modernizarse para contener especialidades referidas a todas las actividades humanas.

Todo esto con la finalidad de hacerla realmente autónoma e independiente, predecible, idéntica para todos, oportuna, drástica y rehabilitadora y que garantice la seguridad jurídica inspirando confianza entre los ciudadanos, haciendo prevalecer y respetar sus derechos estalecidos en la Constitución Política y las Leyes del Perú, para contribuir al mantenimiento de la paz social en el País y al desarrollo nacional.

Esta propuesta equilibrará la oferta y la demanda de los peruanos por servicios judiciales y fiscales e implantará con plena e irrevocable convicción la pena de muerte para los delitos de lesa humanidad como por ejemplo el asesinato de niños, con finalidad disuasiva y penalizadora, para erradicar estos delitos execrables de nuestra sociedad.

Se plantea construir penales en la selva o sierra del Perú que cuenten con infraestructura suficientemente amplia que permita albergar a todos los reos primarios y reincidentes cuyo internamiento haya sido dispuesto por los jueces por la comisión de ilícitos punibles de naturaleza repugnante como son los asaltos, violaciones y asesinatos. La construcción de estos establecimientos correrá a cargo del Sistema de la Infraestructura y su administración a cargo del Sistema de Cumplimiento de Penalidades y Resocialización.